La inmigración, un arma electoral de doble filo

Una creencia generalizada en el mundo de la estrategia electoral es que la inmigración da votos. Lo que no se dice tan a menudo es que también los quita.

Nadie puede negar que, gracias a sus propuestas anti-inmigratorias, el ultraderechista Josep Anglada consiguió su primer acta de concejal en las municipales del 2003 en Vic. Tampoco es objetable que ese mismo tema fue clave para que cuatro años más tarde su formación política, Plataforma Per Catalunya (PxC), obtuviese 4 concejales y el 18% de los votos convirtiéndose, de facto, en la segunda fuerza del municipio catalán. Tampoco es un misterio cómo Le Pen se las ingenió para pasar a la segunda y definitiva vuelta de las presidenciales del 2002 superando incluso al entonces primer ministro socialista, Lionel Jospin. Ni cómo el extremista Pim Fortuny consiguió convertir a su “Lista” en la segunda fuerza política holandesa en mayo del 2002. La inmigración da votos. Es un hecho.

El problema es que también los quita. Rajoy utilizó su contrato de integración para inmigrantes como arma electoral en su debate con Zapatero en el año 2008. Reproduzco alguna de las frases que utilizó contra el presidente del Gobierno: “En junio de 2004 había un 1.700.000 inmigrantes; en Junio de 2007, 3.900.000. A usted, esto no le plantea ningún problema pero a mucha gente sí, porque no acceden a una vivienda, a un trabajo, a una plaza pública escolar…”. ¿Consiguió algo? ¿Es hoy presidente del Gobierno? Zapatero sigue disfrutando exactamente de la misma ventaja en escaños que logró en las elecciones del 2004: 15. En las pasadas elecciones catalanas, otro eterno aspirante, Artur Mas, propuso un carné por puntos para inmigrantes para acceder a determinados servicios que no fuesen básicos. ¿Resultado? No sólo no ganó votos sino que perdió 100.000 respecto a las elecciones del 2003 y a día de hoy efectúa su tercer y último intento para conseguir la presidencia de la Generalitat.

¿Por qué, entonces, la oferta electoral anti-inmigratoria funciona sólo para partidos pequeños de extrema derecha y no para los grandes partidos de derechas? ¿Y por qué sólo funciona para los primeros durante un determinado espacio de tiempo? Los grandes partidos de derechas en España (PP y CiU) suelen obtener entre un 30 y un 40% de los votos en su ámbito electoral y cada vez que presentan ofertas anti-inmigratorias a la sociedad, el porcentaje de votos que ganan por la derecha lo pierden por el centro. Por su parte, los partidos xenófobos tienen un tope electoral del 20% en la mayoría de los países europeos. Un partido pequeño puede presentarse con esa oferta a unas elecciones y conseguir incrementar sus resultados espectacularmente respecto a los anteriores comicios en periodos de fuerte inmigración (como sucedió en Vic o Francia) o de crisis económica. Pero difícilmente superará ese tope. En Vic, por ejemplo, parece claro que la inmigración preocupa a ese 18% de ciudadanos que vota a PxC pero, según el último sondeo encargado por su Ayuntamiento, este tema figura en el noveno lugar en la lista de preocupaciones de sus vecinos así que las posibilidades de que Anglada se convierta en su alcalde son mínimas. Otro ejemplo: el mejor resultado de Le Pen en unas elecciones fue el 17,79% obtenido en la segunda vuelta de las presidenciales del 2002. Cinco años después, se hundió electoralmente con solo el 10% de los votos.

En el caso del PP, blandir la inmigración como arma electoral, como hacen Xavier García Albiol, con serias posibilidades de ganar en Badalona en las próximas municipales pero pocas de conseguir la alcaldía, o Alicia Sánchez Camacho, tiene el inconveniente añadido de que facilita munición al PSOE para presentar a los conservadores como un partido de extrema derecha (ya de por sí considerado como tál en algunos puntos de Cataluña por no transigir con el nacionalismo catalán). Esto es sumamente perjudicial para las opciones del PP de ganar en las generales del 2012, que pasan por labrarse una imagen moderada tanto en Cataluña como en Andalucía, las dos comunidades autónomas en donde la ventaja del PSOE respecto al PP es más significativa. No es de extrañar, por tanto, que el pasado viernes, Rajoy, bien aconsejado por sus asesores, reculase en la polémica sobre la inmigración afirmando que “todos tienen derecho a servicios básicos como la sanidad o la educación”, sabedor de que negar tales derechos a los inmigrantes irregulares provocaría que los ciudadanos le percibiesen como una persona carente de sensibilidad.

Un buen consejo para los políticos de derechas: los experimentos, mejor con gaseosa que con inmigración.